En México cohabitan más de 126 millones de habitantes, de los cuales el 40%, es decir 51 millones de personas, sufren pobreza laboral, y donde la economía informal representa más del 20% del PIB, podemos decir que la inclusión financiera sigue siendo un tema pendiente para la agenda pública nacional.
Seguimos esperando estrategias claras que ataquen las diversas barreras a la inclusión financiera como los altos costos de transacción en zonas remotas del país, la falta de educación financiera, competencia en sectores como el bancario e incluso la mejora a los mecanismos de protección al consumidor.
Según el Banco Mundial, la inclusión financiera se define como “tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible”.
En este sentido la Inclusión Financiera se constituye como una herramienta de gran importancia en dos vertientes, como revulsivo del desarrollo económico de la población y como herramienta para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En primera instancia, la inclusión financiera funciona como herramienta para el fomento al desarrollo económico gracias a que el acceso a servicios financieros da a los usuarios la oportunidad de iniciar nuevos negocios o crecer los ya existentes por medio del crédito, contratar seguros para afrontar siniestros, ahorrar de manera segura sus recursos en cuentas bancarias o incluso invertir en salud o educación, entre muchos otros beneficios.
Ahora bien, como segunda instancia, ayuda a prevenir el delito de Lavado de Dinero cada vez que el hecho de contar con productos financieros adecuados representa para sus usuarios una oportunidad de obtener beneficios económicos reduciendo el uso de efectivo.
Es preciso señalar que para las instituciones encargadas de investigar las operaciones financieras, es sumamente complejo seguir el rastro cuando las operaciones se realizan utilizando dinero en efectivo; de hecho, la propia Evaluación Nacional de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero publicada en 2020 menciona que “…el control de las transacciones financieras es uno de los principales elementos para la prevención del Lavado de Dinero…” De manera análoga, dicha evaluación puntualizó que la economía informal aumenta el flujo de dinero en efectivo y se identifica como una de las vulnerabilidades estructurales más importantes del Sistema Financiero Mexicano.
La complicación, dado el contexto descrito en el primer párrafo, se da por las grandes cantidades de efectivo que son introducidas a las entidades financieras encubiertas por el comercio informal, lo que incrementa el nivel de riesgo de Lavado de Dinero para nuestro país.
Como reconocimiento al riesgo que representa el flujo de dinero en efectivo, la propia Ley Antilavado, en concordancia con las recomendaciones del GAFI, contempla un catálogo donde establece un límite de uso de efectivo para la realización de ciertas actividades que la propia autoridad ha identificado como vulnerables a ser utilizadas para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Desde otro punto de vista y debido al contexto de la pandemia por el COVID 19, Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del GAFI, ha señalado que se ha presentado un aumento de flujos de efectivo en la economía nacional, posiblemente ligados a la imposibilidad de grupos delictivos de transportar dinero en efectivo dado el cierre en las fronteras y a los confinamientos.
Indudablemente la inclusión financiera ayudará a dar trazabilidad a los flujos de dinero en efectivo, coadyuvando con la aportación de información valiosa a las instituciones de inteligencia y procuración de justicia a través de las entidades del Sistema Financiero Mexicano que se utilicen para ingresar dichas cantidades.
Los Gobiernos Federales, desde hace 3 sexenios han implementado diversas estrategias para acelerar la inclusión financiera en la población mexicana, sin embargo, han tenido un enfoque de mejora regulatoria y no han atacado frontalmente las barreras a la inclusión previamente mencionadas.
A manera de conclusión me permito aseverar que la Política Nacional De Inclusión Financiera presentada el pasado 11 de marzo del 2020 debe ser reconocida desde la perspectiva de la seguridad nacional por su gran relevancia tanto para el desarrollo económico como por sus implicaciones a la seguridad y procuración de justicia.
Queda mucho camino por recorrer y siguen pendientes puntos de suma importancia, destacando el acceso a productos financieros por medios digitales y sobre todo la eterna necesidad de una educación financiera adecuada y eficaz para la población más vulnerable.
Fausto Destenave