Es muy común que el uso de dinero en efectivo se incremente exponencialmente en el periodo electoral, es decir, en pre-campañas y campañas políticas para los distintos cargos de elección popular, sin embargo, la preferencia por elegir entre un candidato u otro en una elección, no siempre va acompañada de buenos resultados o simpatía por el partido en el poder. Al respecto, es curioso pensar que, el candidato que representa a un partido para que votemos por él, no es el que está haciendo las cosas ni al que estamos calificando con el voto, simplemente estamos juzgando a su antecesor, es decir, si el gobernante en turno actúo como un buen servidor público en el desempeño de sus funciones y dio la imagen de apoyar en las labores sociales a la población, el que le sigue tendrá mayores posibilidades de ganar.
Continuando con el comentario anterior, en realidad lo que se premia o se castiga en una elección es al partido político, ya que, si nos basamos en las personas o candidatos en particular, no siempre sabemos cómo puedan actuar en un futuro próximo. Ahora bien, la publicidad sólo nos muestra una imagen engañosa de lo que quieren que creamos sobre esa persona, es ahí donde los partidos competidores en una campaña comienzan hacer maniobras de todo tipo a fin de obtener el triunfo o de conservarlo en caso de que ya se tenga
Sabemos en el fondo que, el dinero que no pertenece al presupuesto de campaña, así como las influencias que tienen los contendientes y los políticos que los apoyan, cuentan mucho hacia el camino del triunfo. Desafortunadamente, en muchos países y en México en particular, los recursos económicos que ingresan a las campañas de manera extraoficial son los que logran un gran impacto para influir en la imagen de los candidatos que lo reciben; normalmente gran parte de la publicidad de los partidos que atiborran las calles con panfletos, bardas, espectaculares, propaganda en el transporte público, bolsas del mercado, y un sinfín de modalidades publicitarias, son pagadas con dinero en efectivo; dinero que si bien no siempre es mal habido, no está dejando un registro de su origen, cantidad, ni destino.
A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) está facultado para la verificación y fiscalización del ingreso de recursos económicos a campañas políticas, sus facultades operativas resultan insuficientes frente a la gran cantidad de tipologías de Lavado de Dinero que se comenten durante los tiempos de campaña, tampoco en el mismo sentido lo está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FEDE) derivado de los cientos de denuncias que se presentan por actos de corrupción y de Lavado de Dinero, que tienen como objetivo inyectar recursos ilícitos a los distintos contendientes para llegar al poder.
Por si fuera poco, en México donde constantemente se excede del tope de gastos de campaña que se establece conforme a la Ley electoral, existen factores de poder que están detrás del financiamiento ilícito de las campañas políticas; empresarios acaudalados a fines al poder, grupos de inversionistas extranjeros que apuestan por algún partido en especial para favorecer sus intereses económicos y sus futuras inversiones en caso de que resulte ganador su candidato favorito, o peor aún, y como se ha visto desde hace ya mucho tiempo aunque ahora con mayor fuerza, la delincuencia organizada y los cárteles de narcotráfico detrás de personas que compiten por un puesto de elección popular, sobre todo en territorios donde la gobernabilidad por parte del Estado es prácticamente nula.
Es importante señalar que, por lo general, los grupos delictivos inyectan recursos económicos a las candidaturas locales y no de la misma forma a las candidaturas federales, las primeras involucran plenamente a un territorio de actuación y no así el del ámbito federal que resulta más complejo, aunque existen excepciones o se da de otra manera.
Dicho lo anterior, y con la finalidad de evitar conductas de financiamiento ilícito proveniente de la delincuencia organizada o de recursos de procedencia ilícita o de otras fuentes legítimas, pero que pretendan ser inyectados a las campañas electorales, el pasado mes de abril del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió una guía con sentido electoral que tiene el objetivo de facilitar la prevención y detección de aquellos actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer, beneficiar, ayudar, o auxiliar a cualquier persona física o moral a cometer delitos de lavado de dinero asociado con los procesos electorales.
En dicho documento se exhorta a las entidades financieras, a que el Comité de Comunicación y Control de cada una de estas, dictamine las operaciones en materia de prevención y combate al Lavado de Dinero con la mayor oportunidad y ubicación posible, esto conforme a la legislación electoral vigente.
Si tomamos en cuenta que este año fueron elegidos 21,368 cargos públicos en los distintos niveles de gobierno, es difícil pensar que no exista la posibilidad de la infiltración de dinero en las campañas políticas, ya sea en efectivo mediante la compra de votos, o peor aún, la intromisión de grandes capitales de manera directa o indirecta para favorecer a un partido. Si ponemos atención en qué tipo de actos de publicidad pueden ingresar más recursos ilícitos o en efectivo, podremos observar con relativa facilidad que, se lleva a cabo en propaganda local o urbana y no de grandes medios, que quiero decir con esto, que el dinero ilícito difícilmente se va inyectar en anuncios de radio y televisión, porque ahí la normatividad es más específica, clara, y estricta, o simplemente es más propensa a ser fiscalizada por la autoridad mediante las facturas y pago de impuestos correspondientes.
Continuando con el tema, y por poner sólo un ejemplo, una empresa de ciertos dueños, que en realidad los socios son familiares por afinidad de un político que realiza la publicidad de cierto partido, además de ganar ese recurso de la publicidad elaborada que se le encarga, realiza mucho más producto de lo que se le solicita, esto con la finalidad de impactar en la publicidad que se colocará en la calle, con ello, retacar cada rincón del territorio donde se pelea, obviamente facturando sólo el monto acordado con el “cliente”, que es el partido político que comprobará gastos de campaña mediante facturas con adeudos menores.
También tenemos el ejemplo que ha sido muy ocupado para favorecer a un candidato en las elecciones, sobre todo en países de Latinoamérica, solo que esta vez ocurrió en México: Un periódico que se crea con dinero del narcotráfico para hablar bien y favorecer a cierto candidato, además de golpear con su actividad informativa a los contrincantes políticos, caso en concreto, fue el señalamiento que hizo en su momento el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Vicepresidente del diario “Unomásuno” en 2015, referente a que ese periódico era financiado por el narcotráfico, además de que tenía como finalidad el golpeteo político frente a los opositores. Este tipo de empresas reciben pagos facturados por publicidad del partido consentido a manera de cliente. El periódico se justifica con el pago del partido por publicidad, factura y paga sus impuestos, sin embargo, los recursos en realidad provienen de la venta de drogas hacia los Estados Unidos.
De esta manera podríamos enumerar un sinfín de tipologías de financiamiento a campañas políticas provenientes del Lavado de Dinero, lo que nuevamente observamos, es que, no hay un reforzamiento como tal en lo que queda fuera de ser fiscalizado mediante el sistema financiero por medio de transferencias bancarias o Fintech autorizadas por la CNBV, ejemplo de ello, son los negocios que se hacen con grandes empresas, como sería: La publicidad en radio y televisión; redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok; o patrocinios con personajes de la farándula y el mundo deportivo.
Por el contrario, tenemos un sector vulnerable de ser cooptado por la delincuencia para fines meramente electorales, esto se considera como actividades vulnerables de los procesos de financiación de campañas, ejemplo de ellos son también: El negocio de la compra de despensas; la impresión excesiva de panfletos y plotters; la renta de bardas con pago en efectivo; monederos rosas de tiendas de autoservicio, que la propia autoridad ha dicho que son legales porque no verifica las cantidades reales que se inyectan a cada plástico; reparto de dinero en efectivo, reparaciones de viviendas a cambio del voto, etcétera.
Finalmente, vimos que el pasado 6 de junio sucedieron algunos hechos que las propias autoridades calificaron como “hechos aislados”, hechos que, normalmente van acompañados de violencia, aunque en realidad lo que más se debe vigilar es el financiamiento por parte de terceros a los partidos políticos con la finalidad de acomodar a un candidato a merced de la propia delincuencia organizada, una vez en el poder, el negocio nunca se detendrá, ya que posterior al triunfo vendrán los hechos de corrupción por medio de las autorizaciones de permisos, concesiones, preferencias de un proveedor sobre otro sin manera justificable, y peor aún, que los carteles gocen de total impunidad y den continuidad a “su proyecto político”.