Por Juan José Bascope
A fin de verificar el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), se han establecido mecanismos y metodologías mediante los cuales se verifica la solidez de los sistemas de Prevención y combate al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En este punto se termina de acentuar las peculiaridades respecto a la aplicabilidad en cada país miembro del GAFI sobre sus 40 Recomendaciones.
A nivel internacional, actualmente tenemos normativa con diversos grados de persuasividad y consenso. Por un lado, tenemos a los tratados y acuerdos internacionales, considerados típicamente como “Hard Law”, que implican una vinculatoriedad en su aplicación al Estado adscrito; y por otro lado, tenemos normativa denominada comúnmente como “Soft Law”, en razón a que esta denota pautas que no son estrictamente vinculantes por naturaleza, pero a las cuales los estados se comprometen a cumplir progresivamente.
En lo relacionado a las 40 recomendaciones del GAFI, se puede decir que las mismas se constituyen en Soft Law, pero la verificación de cumplimiento de las mismas, es muchísimo más rigurosa y con sanciones financieras que impone a los países cuando no cumplen con sus recomendaciones.
Cuando el GAFI cambio su paradigma a un enfoque basado en el riesgo, en el año 2012, se establece la obligación para que los países miembros del GAFI a través de su organismo regional, lleven a cabo una Evaluación Mutua sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento de Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, en la cual se verifique el cumplimiento de las 40 Recomendaciones GAFI con el objetivo de cuantificar el riesgo del país en materia LGI/FT.
Para toda evaluación es esencial tomar como punto de inicio la comprensión de los evaluadores acerca del contexto del país, los riesgos y los elementos que contribuyen a estos con base en las circunstancias económicas del país evaluado, los riesgos identificados de sectores vulnerables al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, los elementos estructurales que forman parte de su sistema ALA/CFT, y aquellos factores contextuales que pueden influir la manera de implementación de las medidas ALA/CFT y su efectividad.
Los puntos anteriores, idealmente deben ser extraídos a partir de un correcto enfoque basado en riesgos, y con base en la Evaluación Nacional de Riesgo, mediante la cual cada uno de los países identifica y evalúa los posibles riesgos LA/FT en cumplimiento de la Recomendación 1 GAFI y su nota interpretativa.
Así, a través de los organismos regionales GAFI se llevan a cabo las Evaluaciones Mutuas que tienen como finalidad evaluar y analizar la solidez de su sistema de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Este proceso se lleva a cabo a la cabeza del órgano regional del GAFI, y en el caso de Latinoamérica, utilizando la metodología aprobada en febrero de 2013 por el pleno de representantes GAFILAT.
En las Evaluaciones Mutuas se analizan y evalúan los criterios de cumplimiento y los resultados inmediatos establecidos en la mencionada metodología GAFILAT, y en consecuencia, se emite un informe revisado en la Plenaria del mismo, donde se toman decisiones sobre la calificación obtenida por el país evaluado. Este podría ser considerado como el punto más álgido de toda la evaluación; ya que, en esta reunión se delibera y se toman medidas drásticas en caso de que el país evaluado obtenga una calificación poco favorable, con la posibilidad de que el mismo sea incorporado en un Grupo de Revisión del GAFI, añadiéndolo en última instancia a las listas grises del GAFI, en las cuales se encuentran países donde se detectaron riesgos altos para la comisión de los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.
Como consecuencia del ingreso a la mencionada lista gris, se pueden desenvolver distintos escenarios con sanciones financieras muy graves para el país evaluado, como ser:
- Riesgo del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria.- Al verse afectada la reputación del país evaluado, las corresponsalías en bancos del exterior pueden ser afectadas, haciendo más difícil que se lleven a cabo operaciones bancarias internacionales, por ejemplo transferencias Swift, limitando las transacciones al y desde el extranjero.
- Encarecimiento de los servicios bancarios.- En consecuencia al punto anteriormente descrito, la banca es uno de los sectores más afectados, ya que se ven limitados muchos de sus productos.
- Repercusión sobre negocios de los sectores importador, exportador y de empresas transnacionales.- Al verse afectadas las transacciones internacionales, las exportaciones e importaciones se tornan mucho más complicadas para todos sus agentes.
- Tipificación como un socio de alto riesgo.- Un país en lista gris tiende a que su reputación se vea altamente afectada, además de, ser considerada una jurisdicción riesgosa y finalmente asociada a la falta de transparencia en actividades y cumplimiento de los estándares internacionales.
- Cierre de cuentas a operadores de remesas.- El envío y recepción de remesas desde el exterior se ve altamente afectado como consecuencia del encarecimiento de servicios financieros con el extranjero.
- Limitaciones al cambio de divisas.- Al limitarse los servicios financieros con el extranjero, se manejan menos divisas foráneas y en consecuencia se limita el cambio de divisas.
- Contracciones en inversiones y repercusiones negativas sobre sectores como el turismo.- En conjunción al punto anterior, al manejarse menos divisas internacionales, se reciben menos turistas del extranjero
- Los países de la red financiera mundial nos incluirían dentro de sus propios listados de países de riesgo.- Al subir el riesgo país, se ven afectadas las relaciones internacionales, pudiendo verse comprometida incluso la obtención de fondos extranjeros.
Finalmente, es por todos estos puntos descritos anteriormente, que los países miembros del GAFI deben aplicar una diligencia muy alta a la hora de implementar políticas anti LA/FT y cumplir a cabalidad con el estándar internacional, ya que las implicancias de una mala calificación en las evaluaciones mutuas, pueden desencadenar una serie de efectos económicos adversos que afectan al país evaluado, y específicamente al ciudadano común.