Por Ana Karen Huerta
En México hoy en día, la regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) tiene un tratamiento mucho más específico, a raíz de considerar las 40 recomendaciones publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas recomendaciones se han ido considerando y mejorando con el paso del tiempo, ya que, en nuestra primera visita ante este organismo internacional en 2008, no se contaba con una ley en la materia. Fue hasta ese momento donde se consideró que, si México quería seguir siendo miembro del GAFI, tenía que trabajar en su legislación interna.
A partir del mes de octubre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita también llamada Ley Antilavado o LFPIORPI, por sus siglas. En esta ley se tipifican 16 actividades consideradas como vulnerables, las cuales serían los sujetos obligados en la materia. Además, se escribieron cuáles serían las obligaciones, procedimientos, formas de presentación de avisos y las multas en caso de incumplimiento.
Sin embargo, desde el inicio de la entrada en vigor de la ley, quien se ha dedicado a verificar que esto se aplique de forma correcta, y ha tenido un mayor protagonismo en tema de investigaciones vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita, ha sido la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta autoridad ha tenido la tarea de vigilar y supervisar que los sujetos obligados cumplan correctamente con la ley y combatir el Lavado de Dinero en México.
Es bien sabido, que la UIF tiene dificultades con los sujetos obligados, principalmente con las Actividades Vulnerables, ya que a diferencia de las instituciones financieras que estaban acostumbradas a contemplar medidas de Prevención de Lavado de Dinero, para el resto de las Actividades Vulnerables a que se refieren en el artículo 17 de la LFPIORPI, hasta el momento, no han considerado por completo el cumplimiento de la ley.
Lo anterior quedó demostrado desde la primera Evaluación Nacional de Riesgos realizada por la misma UIF en 2016, que arrojó que de las más de 100 mil organizaciones que realizan Actividades Vulnerables, sólo 59,527 de ellos se habían sumado a esta nueva normatividad.
Por esa misma razón, GAFI ha calificado a México con deficiencias en el marco regulatorio para quienes realizan actividades vulnerables, porque, aunque México tiene normas claras, la implementación de las mismas por parte de los sujetos obligados no ha sido la correcta. Tal y como se muestra en la última Evaluación Nacional de Riesgos de 2018, donde México obtuvo un nivel bajo de efectividad en el capítulo de las medidas preventivas para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, consideradas como Actividades Vulnerables dentro de la ley.
Respecto a dicha acción, la UIF ha trabajado bastante en mejorar las calificaciones obtenidas por GAFI, ya que, de acuerdo con la solicitud realizada, lograron obtener 6 aumentos positivos, de 7 recomendaciones solicitadas para su recalificación en junio de 2021.
No obstante, también se encuentran otras recomendaciones que pueden ser recalificadas, pero éstas pueden mejorar su puntuación, siempre y cuando se aprueben algunas propuestas de ley para reformar la LFPIORPI que están en el Senado desde 2019. Por su parte, la UIF decidió adelantarse en una de ellas e inició el proceso de certificación en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, donde pretende que con ayuda de esta certificación haya un mayor cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Ahora bien, el tema de la certificación no surgió de un día a otro, fue desde 2020 que la UIF dio a conocer a través de una reforma a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI que especifica lo siguiente:
“Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la Ley, podrán obtener la certificación que otorgará la UIF en materia de cumplimiento de la Ley, su Reglamento y estas reglas, para la prevención y detección de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o destinados al financiamiento al terrorismo, conforme a la convocatoria que emita y publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha certificación tendrá una vigencia de 5 años”. (Esto se adiciona al artículo 34 BIS de las mismas reglas en Noviembre del 2020).
Después de la publicación de la reforma, iniciaron especulaciones del cómo sería dicha certificación, pero no fue hasta el 6 de Agosto del 2021, que la UIF publicó en el DOF la convocatoria para la certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita donde mencionaba que estaría dirigida a:
- Personas físicas que realizan Actividades Vulnerables a las que se refiere el artículo 17 de la LFPIORPI, y
- Personas responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la misma ley.
Como resultado de esto, hubo un gran interés por parte de los aspirantes, los cuales contaban con la ventaja de no tener ninguna limitante respecto a la preparación o trayectoria académica.
Pero no todo fue tan sencillo, ya que la UIF dio a conocer un instructivo, una guía y un temario para que los aspirantes a dicho examen tuvieran las herramientas necesarias para su preparación, cuyo contenido consideraba algunos temas como son: las bases del Lavado de Dinero, los antecedentes, organismos internacionales y convenciones, las evaluaciones de los resultados obtenidos, marco normativo en materia de PLD y el papel de México en la materia.
Esto hizo que las personas que realizan al menos una de las 16 Actividades Vulnerables comprendieran su importancia y cumplimiento. Aunado a esto, el examen de certificación fue presentado en su mayoría, por las personas que están dedicadas a cubrir este tipo de servicios y personas encargadas del cumplimiento de alguna Actividad Vulnerable.
Lo que nos lleva a pensar si dicha certificación impactará a las Actividades Vulnerables de forma positiva, puesto la autoridad buscará que éstas cumplan en materia de PLD tal y como lo hacen las entidades financieras. Esto, con el objetivo principal de obtener más información por parte de las organizaciones, combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en México y tener una mejor evaluación internacional ante GAFI.
Mireya Valverde Okón, Directora general de Asuntos Normativos de la UIF, ha mencionado que el inicio de este proceso no será obligatorio, pero conforme pase el tiempo dicha instancia implementará disposiciones para que se vuelva una obligación para el universo de más de 100 mil sujetos obligados que realizan una de las 16 actividades vulnerables de acuerdo con la ley.
Por lo que podemos concluir que esta certificación podría llegar a convertirse en una pieza clave para la autoridad, ya que en esta primera certificación se realizaron 5,400 evaluaciones, pero contemplando que se busca seguir el camino del sistema financiero, podría ser que para 2022 se cuenten con dos evaluaciones en el año para dicha certificación; lo que hará que las Actividades Vulnerables en algún momento tengan que voltear con estas personas certificadas para dar cumplimiento con la autoridad y la normatividad vigente en materia de PLD.
Lo anterior, efectivamente ayudará a la UIF a tener más sujetos obligados cumpliendo de manera correcta y de una forma más práctica, ya que las actividades vulnerables hoy en día son de suma importancia en este marco regulatorio si se busca tener un cambio significativo en el combate del Lavado de Dinero.
Ana Karen Huerta
Contador Público con amplia experiencia en contabilidad general, fiscal, nóminas y tesorería. Actualmente ejerce como especialista en materia de Prevención de Lavado de Dinero.