Por Mara M. Pérez Cadenas
Hace 10 años, el 17 de octubre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita, coloquialmente llamada Ley Antilavado.
La Ley Antilavado fue promulgada como seguimiento a la tercera Evaluación Mutua que recibimos por parte del GAFI en el año 2008, para atender las observaciones contenidas en las Recomendaciones 12, 16, 20, 25 y 26 del Informe de Evaluación de México; recordemos que el propósito de dichas evaluaciones es medir el nivel de cumplimiento del país con respecto de los estándares internacionales en materia de Lavado de Dinero (LD) / Financiamiento al Terrorismo (FT) / Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).
¿Qué ha pasado a 10 años de su publicación y 9 de su entrada en vigor?
La intención de esta publicación no es profundizar en el análisis de la aplicación de la ley, ni de su funcionamiento, ni mucho menos reflexionar sobre el complejo mundo jurídico, tema de por sí controversial; ni tampoco si la ley es obsoleta e incompleta, que, desde mi punto de vista, si cumple estas dos condiciones.
El propósito es reflexionar sobre la muy poca conciencia colectiva que tenemos en este país con respecto al delito de Lavado de Dinero y ni se diga el de Financiamiento al Terrorismo.
Un gran número de jóvenes a los cuales tengo la suerte de leer en redes sociales como resultado de mis publicaciones, observan como normal el delito de Lavado de Dinero, justificando incluso su existencia, al mover e incluso generar recursos en el país y delegando absoluta y total responsabilidad al gobierno, a los bancos, y tristemente respaldando su falta de interés en la corrupción y la impunidad: “para que hago yo algo, si los políticos son los que lavan el dinero y además nunca van a prisión”. Ni pensemos que pudiera ser del conocimiento común la existencia de esta ley, que además es una ley federal de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
En diversos foros se habla de la falta de valores y civismo en el país, que vemos reflejados en el actuar de tantas personas día a día. Sin duda, estas opiniones se encuentran carentes de valores, responsabilidad y ética.
Pero más allá de los jóvenes, el sector empresarial todavía está muy “inmaduro” en el entendimiento de que esta ley no se trata de mandar un aviso, no se trata de delegar su cumplimiento a una sola persona, se trata de evitar ayudar inconsciente e involuntariamente a la delincuencia, se trata de ser íntegros y luchar y ser parte del colectivo de los que queremos un mejor país y queremos ver fracturadas las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
Desafortunadamente, por alguna razón que en lo personal sigo sin entender, se delegó la supervisión del cumplimiento de esta ley al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y muchos empresarios tienen un interés mayor en pasar desapercibidos aun sabiendo que realizan alguna actividad vulnerable; situación que provoca que un sinnúmero de transacciones sigan sin reportarse a la autoridad y por ende, los delincuentes siguen pasando desapercibidos cuando pudieran existir más evidencias de sus bienes, operaciones financieras, ubicaciones e intenciones comerciales.
El sector financiero por mucho está más maduro, consciente del problema, al menos alerta de los reportes que tiene que enviar a la autoridad, lo cual se entiende por ser un sector más vigilado y con más antigüedad en la aplicación de las Disposiciones de Carácter General y leyes que los regulan.
Sin embargo, observó una real necesidad por parte de los que tenemos funciones como Oficiales de Cumplimiento, de provocar mayores niveles de consciencia en los jóvenes y en la sociedad en general; así como se enseña educación financiera en las universidades, debemos de buscar educar sobre estos temas, provocar la reflexión sobre lo fácil que es ayudar a los delincuentes. Promover webinars, pláticas, talleres con empresarios, porque mucho se le ha dedicado al sector financiero, de hecho, la mayor parte de las ponencias de PLD y FT son dirigidas a este sector, mucho más evolucionado que las denominadas “Sectores Vulnerables”.
Sigamos luchando porque los delincuentes no solo tengan problemas para operar con el sector financiero, sino incluso para comprar y vender bienes, para utilizar su dinero ilícito en el proceso tan complejo que es lavar dinero; es por el bien de la sociedad y de este país tan violento, que tanto lo necesita.
Mara M. Peréz Cadenas
Lic. en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac del Sur, maestra en finanzas por la Universidad, Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante la CNBV y la UIF. Cuenta con diversos diplomados de auditoría y control Interno, desarrollo humano, diplomado para la formación de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción, especialización en habilidades de liderazgo IESE España, certificación en análisis de crédito por Bank of America, entre otros.