Marco Normativo Mexicano

Recordemos que con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante, LFPIORPI), ya se define y regula dentro de las obligaciones de quienes realizan las Actividades Vulnerables al Beneficiario Controlador.

Artículo 3, fracción III LFPIORPI:

Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que: 

• Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de estos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o 

• Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así ́ como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. 

1. 1. Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede: i)  imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; ii)  mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o; iii)  dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma. 

Aunado a lo anterior, en el artículo 18, se señalan las obligaciones de quienes realicen las Actividades Vulnerables y en su fracción III, refiere lo siguiente: 

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella; 

Lo antes citado de acuerdo a la LFPIORPI; sin embargo, el 01 de enero de 2022 entran en vigor como parte de la reforma fiscal en el Código Fiscal de la Federación (CFF), los artículos 32-B Ter, 32-B Quater y 32-B Quinquies, donde se establece la obligación para que las personas morales, los fideicomisos, así́ como cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada. 

De igual manera, en las reglas 2.8.1.20(1), 2.8.1.21(2), 2.8.1.22 (3) y 2.8.1.23(4) de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) el SAT emite reglas de carácter general para la aplicación correcta de esta obligación y en los artículos 84-M y 84-N del CFF se establecen las infracciones y multas, las cuales se mencionan:

• Por no obtener, no conservar o no presentar la información, de $1,686.750.00 a $2,249,000.00
• No mantener actualizada la información, de $899,600.00 a $1,124,500.00
• Presentar la información incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables, de $562,250.00 a $899,600.00

Cabe señalar que ante los amparos promovidos en contra de las reglas antes mencionadas, la Corte en su comunicado de prensa del 14 de junio de 2023 determinó que es válida la facultad del SAT para requerir información sobre la o las personas que controlan o se benefician de una sociedad (Corte S. , 2023) y en la tesis aislada con número de registro 2026677 se puntualizó la necesidad de regular de manera pormenorizada el concepto de beneficiario controlador, toda vez que el Foro Global reforzó su norma al introducir como requisito que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del estándar de intercambio de información, previa petición respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias. De manera que la obligación que deriva de los preceptos y reglas señaladas obedece al mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores, ya que es relevante para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos (Federación, 2023).