Por Diego Suxo Palenque
El 13 de junio de 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó oficialmente la inclusión de Bolivia en su “lista gris”, una categoría que identifica a las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta decisión, adoptada durante la plenaria conjunta GAFI/MONEYVAL en Estrasburgo, marca un punto crítico para la economía y la reputación internacional del país.
Bolivia se encuentra en una encrucijada crítica en materia de transparencia financiera y lucha contra el lavado de dinero. A pesar de haber cumplido con más del 90% de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país sudamericano recientemente ingresó en la llamada lista gris, una clasificación que podría tener consecuencias económicas y diplomáticas significativas.
Este artículo explora las causas, implicaciones y perspectivas de esta situación, basándose en fuentes oficiales y medios de comunicación nacionales e internacionales.
Y claro, no podemos dejar de repasar todo lo que se trabajó (y lo que no) para estar en un nivel de cumplimiento bastante razonable, pero finalmente, no fue suficiente para los evaluadores. ¿Se pudo evitar esta situación o realmente era inminente ingresar a estas listas? Es lo que quiero comentar en el presente artículo.
Recordemos, ¿qué es la Lista Gris del GAFI?
El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el G7, cuyo objetivo es establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
La lista gris del GAFI incluye a países que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra estos delitos, pero que han asumido compromisos de alto nivel para subsanarlas. Estar en esta lista implica una mayor supervisión internacional y puede afectar la reputación financiera del país, dificultando el acceso a inversiones extranjeras y créditos internacionales.
El contexto boliviano
Desde noviembre de 2022, Bolivia está siendo evaluada en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI. En enero de 2025, el organismo emitió un informe con 60 recomendaciones para mejorar el sistema boliviano. Según la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, el país ha cumplido con más del 90% de estas acciones.
Sin embargo, el punto crítico que o se pudo resolver por completo fue la falta de una ley que incorpore formalmente las técnicas especiales de investigación para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El GAFI no acepta normativas de menor rango, como decretos o resoluciones ministeriales; exige leyes claras y vigentes, lo que no ocurrió en Bolivia.
La falta de esta legislación, que debía estar enmarcada en una norma con rango de ley, fue el factor determinante para su inclusión en la lista gris. La fallida Ley N° 1386, que contemplaba estas disposiciones, fue abrogada en 2021 tras protestas sociales y campañas de desinformación. Desde entonces, no se ha logrado reponer una normativa equivalente.
El debate Legislativo
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ha sido enfático en señalar que la responsabilidad de esta situación recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), particularmente en los sectores opositores que han bloqueado la aprobación de leyes clave.
En 2021, se aprobó la Ley 1386, que incluía estas técnicas especiales de investigación. Sin embargo, fue abrogada ese mismo año tras masivas protestas sociales que denunciaban una supuesta «persecución financiera« contra pequeños comerciantes y gremiales. En 2023, se intentó reponer la normativa mediante la Ley 280, pero nuevamente fue bloqueada en el Senado.
Montenegro ha declarado: “La Asamblea va a tener que aprobar estas leyes, no le queda de otra”.
Estadísticas clave del cumplimiento boliviano
Según el informe de seguimiento del GAFILAT 2025:
- Cumplimiento total (C): 14 de 40 recomendaciones.
- Cumplimiento mayoritario (LC): 19 recomendaciones.
- Cumplimiento parcial (PC): 7 recomendaciones.
- No cumplimiento (NC): 0 recomendaciones.
Esto representa un 82.5% de cumplimiento técnico, uno de los más altos de la región. Sin embargo, el GAFI prioriza la efectividad legal y operativa, no solo el cumplimiento técnico.
Consecuencias de ingresar a la Lista Gris
La inclusión en la lista gris del GAFI no es meramente simbólica. Tiene consecuencias tangibles:
- Reputación Financiera: Los bancos corresponsales y entidades financieras internacionales (incluidas empresas reaseguradoras) podrían restringir sus relaciones con instituciones bolivianas, afectando las transacciones internacionales.
- Reducción de inversión extranjera: Se estima que países en la lista gris pueden perder entre 10% y 30% de su inversión extranjera directa.
- Mayor costo de financiamiento: Las tasas de interés para préstamos internacionales podrían incrementarse entre 1 y 3 puntos porcentuales.
- Inversión Extranjera: La percepción de riesgo aumenta, lo que puede disuadir a inversionistas extranjeros.
- Costos de Transacción: Las operaciones financieras internacionales se vuelven más costosas y lentas debido a los mayores controles.
- Presión Multilateral: Organismos como el FMI o el Banco Mundial podrían imponer condiciones más estrictas para otorgar financiamiento.
Posición del Gobierno
El gobierno de Luis Arce ha intentado mostrar compromiso con las recomendaciones del GAFI. La UIF ha trabajado en la implementación de medidas técnicas y operativas, y se ha mantenido en diálogo constante con el organismo internacional.
No obstante, la falta de una base legal sólida sigue siendo el talón de Aquiles del sistema boliviano. El Ejecutivo ha reiterado que está dispuesto a trabajar con el Legislativo para aprobar la normativa necesaria, pero acusa a la oposición de obstaculizar el proceso por intereses políticos.
Para frenar las alertas y mantener una calma transitoria a la población y al sistema financiero en su conjunto, la autoridad competente ha emitido un comunicado indicando lo siguiente, antes de la inclusión en la lista oficial de GAFI:
Reacciones políticas y sociales
La oposición, por su parte, ha manifestado su preocupación por el uso político de estas leyes. Argumentan que las normativas propuestas podrían ser utilizadas para perseguir a opositores y criminalizar la protesta social, como ocurrió con la Ley 1386.
Organizaciones de la sociedad civil también han expresado su temor de que se repitan los abusos del pasado. Sin embargo, algunos sectores empresariales y financieros han pedido responsabilidad y madurez política para evitar que Bolivia entre en la lista gris, lo que afectaría a toda la economía nacional.
Compromisos asumidos ante el GAFI
Durante la plenaria en Estrasburgo, Bolivia se comprometió formalmente a implementar un plan de acción correctivo. Este plan incluye:
- Aprobación de una nueva ley que incorpore las técnicas especiales de investigación.
- Fortalecimiento institucional de la UIF y otras entidades de control.
- Capacitación y coordinación interinstitucional para mejorar la efectividad operativa.
- Evaluaciones periódicas por parte del GAFI para verificar avances
¿Qué se requiere para salir de la lista gris?
Salir de la lista gris es un proceso que puede tomar entre 1 y 3 años, dependiendo del compromiso político y la capacidad técnica del país. Bolivia deberá:
- Aprobar una ley integral que cumpla con los estándares del GAFI.
- Demostrar efectividad operativa, es decir, que las leyes se apliquen y produzcan resultados concretos.
- Cooperar con organismos internacionales y presentar informes periódicos de avance.
- Evitar la politización del proceso, garantizando que las reformas sean técnicas y no partidistas.
Conclusión
La inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI representa un llamado de atención urgente. A pesar de los avances técnicos, la falta de voluntad política para aprobar una ley clave ha puesto en riesgo la estabilidad financiera del país. El camino hacia la recuperación exige responsabilidad, diálogo y acción legislativa inmediata.
La solución está en manos del Legislativo, que debe actuar con responsabilidad y visión de Estado. La inclusión en la lista gris no solo afecta al gobierno actual, sino a toda la economía boliviana y su reputación internacional. No podemos dejar de lado la coyuntura actual con tintes políticos que afectan la acción legislativa. Parece ser el momento de echar la culpa a Gobierno y oposición, con argumentos variados, que finalmente afectan al país y su economía en su conjunto.
Parece ser una solución que no requiere mucho análisis y simplemente se espera una acción de inmediato, sin embargo, no es tan simple como aparenta ser. Existe por detrás varios impedimentos subjetivos y varios otros objetivos, basados desde lo político hasta lo social, afectando lo económico. Bolivia atraviesa desde hace varios años coyunturas y posiciones muy distintas que no coadyuvan a fortalecer el sistema financiero, lo que se refleja en dilatar la emisión de este tipo de legislación, pues distintos actores anteponen sus intereses ante una solución como país.
A la primera pregunta si se pudo evitar todo esto, posiblemente sí, pero no parte de un pronunciamiento normativo, sino desde la idiosincrasia, la ignorancia de algunos aspectos de evaluación y mucha desinformación que no ayudan a tener un sistema financiero fortalecido y como producto de ello, un país convencido en tener un sistema de prevención de PLD efectivo.
Diego Suxo Palenque
Contador Público Autorizado en Bolivia, Gerente Financiero del más importante corredor de Seguros en Bolivia. Exmiembro del comité de revisión de Cumplimiento de la Asociación Boliviana de Corredores de Seguros y Reaseguros – ABOCOSER.
