Por José Francisco Chacón Acuña
Introducción
La usucapión en Costa Rica es un mecanismo legal que permite adquirir la propiedad de un bien inmueble a través de la posesión prolongada y continua de este durante un determinado periodo. Es decir, si una persona posee un terreno de manera pacífica, pública y sin interrupciones durante el tiempo establecido por la ley, puede solicitar al Juzgado Agrario que le reconozca como el legítimo propietario.
Para que se configure la usucapión en Costa Rica, deben cumplirse ciertos requisitos:
- Posesión efectiva: La persona debe tener una posesión real, material y efectiva del inmueble.
- Posesión continua: La posesión debe ser ininterrumpida durante el plazo establecido por la ley.
- Posesión pública: La posesión debe ser notoria y evidente para terceros.
- Posesión pacífica: La posesión no debe ser objeto de oposición o violencia.
- Buena fe: La persona que posee el inmueble debe creer de buena fe que es el propietario.
El plazo para adquirir la propiedad de un bien inmueble por usucapión en Costa Rica es de diez años. La usucapión cumple varias funciones importantes en el ordenamiento jurídico costarricense:
- Seguridad jurídica: Brinda seguridad jurídica a quienes han poseído un bien durante un largo periodo, permitiendo que adquieran un título de propiedad de un bien inmueble.
- Solución de conflictos: Permite resolver conflictos relacionados con la propiedad de bienes inmuebles, especialmente en casos en los que no existen títulos de propiedad claros.
- Regularización de la propiedad: Contribuye a la regularización de la propiedad de bienes inmuebles, especialmente en zonas rurales, tales como en la zona atlántica, zona sur, cantón de San Carlos de la provincia de Alajuela, en la provincia de Guanacaste, entre otros; donde existen numerosos casos de posesión sin título.
Si bien la usucapión es un mecanismo legal útil, también puede ser utilizado con fines ilícitos, como el lavado de dinero4. Es importante destacar que la usucapión solo se aplica a bienes inmuebles y que existen requisitos estrictos para su procedencia.
DESAROLLO
Como se indicó anteriormente, la usucapión, un mecanismo legal que permite adquirir la propiedad de un bien inmueble mediante la posesión prolongada y continua, probablemente se ha convertido en una herramienta para el lavado de dinero en Costa Rica. Esto se debe en gran medida a la existencia de ciertos vacíos legales y debilidades en el sistema que han sido explotados por los delincuentes.
A continuación, se detallan algunos de los principales vacíos legales que presuntamente facilitan el lavado de dinero a través de los bienes inmuebles en Costa Rica:
- Falta de Registro Nacional de Bienes Inmuebles Completos y Actualizados:
- Trazabilidad: El Registro Nacional de Bienes Inmuebles de propiedad en ocasiones carece de información detallada sobre los propietarios anteriores, lo que dificulta rastrear la historia de un inmueble y detectar posibles irregularidades.
- Actualización tardía: La actualización de los registros puede ser lenta, lo que permite que los delincuentes tengan un margen de maniobra para ocultar sus operaciones.
- Debilidades en los Procesos Judiciales Agrarios de identificación de las partes:
- Requisitos laxos: Los requisitos para la identificación de las partes involucradas en una transacción inmobiliaria pueden ser laxos, lo que facilita la utilización ante el Poder Judicial de identidades falsas o prestadas, al presentárseles un caso de usucapión.
- Medio de como la usucapión para lavar dinero:
Adquisición de bienes con dinero ilícito: Se adquieren bienes inmuebles con dinero proveniente de actividades ilegales, como narcotráfico, evasión fiscal, malversación de fondos, contrabando, empresas fantasma, tráfico de armas, facturas falsas de importación / exportación o “doble facturación”, entre otros.
Simulación de la posesión: Se simula una posesión prolongada y continua del bien para cumplir con los requisitos de la usucapión.
- Utilización de testaferros: Se utilizan personas interpuestas para adquirir y poseer los bienes, ocultando así la identidad del verdadero propietario. Por ejemplo, ganaderos, agricultores, indígenas, empresarios agrarios a nivel genérico, entre otros.
- Legalización de bienes: Una vez transcurrido el plazo establecido para la usucapión, el bien adquiere una apariencia de legalidad.
Consecuencias de estos Vacíos Legales
- Incremento del lavado de dinero: Estos vacíos legales crean un entorno propicio para que los delincuentes laven dinero y oculten el origen ilícito de sus activos.
- Pérdida de confianza en el sistema: La percepción de que el sistema legal es vulnerable a la corrupción y al lavado de dinero puede erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
- Reforma de la Ley de Informaciones Posesorias y Código Civil de Costa Rica:
Aumento de los plazos: Incrementar los plazos requeridos para adquirir la propiedad de bienes inmuebles por usucapión (hipotéticamente: 15 años), lo que dificulta la legalización rápida de bienes de origen ilícito.
- Mayor exigencia de prueba: Exigir pruebas más sólidas de la posesión efectiva y pacífica del inmueble. Posesión efectiva: Se debe exigir una prueba más rigurosa de la posesión efectiva y continua del bien, incluyendo testimonios, documentos y otros elementos que corroboren la posesión. Buena fe: Se debe profundizar en la evaluación de la buena fe del poseedor, considerando su conocimiento sobre el origen de la propiedad de bienes inmuebles. Posibilidad de impugnación: Ampliar los motivos para impugnar una declaración.
CONCLUSIONES
La reputación de Costa Rica como un país seguro y estable puede verse afectada si se percibe como un paraíso para lavar dinero. Al abordar estos vacíos legales y fortalecer los mecanismos de control, Costa Rica puede avanzar significativamente en la lucha contra el lavado de dinero y proteger la integridad de su sistema financiero y judicial.
El fortalecimiento del Registro Nacional de Bienes Inmuebles, es decir una trazabilidad inmobiliaria, una pieza clave para prevenir el lavado de dinero a través del instituto de la usucapión. La modernización de estos sistemas implica la implementación de tecnologías informáticas seguras y actualizadas que permitan un seguimiento exhaustivo de la propiedad de los inmuebles. Es fundamental exigir que los registros incluyan información detallada sobre los propietarios anteriores, las transacciones realizadas y los gravámenes existentes. Asimismo, es necesario limitar el acceso a la información sensible para evitar su manipulación y uso indebido.
Un mayor control en la identificación de las partes involucradas en transacciones inmobiliarias es otro aspecto fundamental en los procesos judiciales agrarios. Se deben establecer mecanismos más estrictos para verificar la identidad de las personas, incluyendo la comprobación de su residencia y capacidad económica. Además, es imprescindible exigir la identificación de los beneficiarios finales de las sociedades que adquieren bienes inmuebles. Esta medida permitirá rastrear el origen de los fondos utilizados en las transacciones y dificultará el ocultamiento de activos ilícitos, que pretendan adquirir bienes inmuebles utilizado para ello la acción real de usucapión.
La prevención del lavado de dinero a través de la usucapión requiere un enfoque integral que abarque diversos aspectos. Además de las medidas mencionadas anteriormente, es fundamental fortalecer la cooperación entre las diferentes instituciones involucradas en la lucha contra el lavado de dinero, como el Registro Nacional de Bienes Inmuebles, las entidades financieras y las autoridades judiciales. Asimismo, es necesario promover una mejor transparencia en las transacciones inmobiliarias a través de la capacitación a los Jueces Agrarios, sobre las normas y procedimientos de prevención del lavado de dinero en el Derecho Agrario.
Inclusive, se podría incluir en la normativa una breve referencia a las sanciones y penas aplicables a quienes utilicen judicialmente la usucapión con fines ilícitos, ello con el objetivo de disuadir a los potenciales delincuentes.
En conclusión, la reforma tanto del Código Civil como a la Ley de Informaciones Posesorias en Costa Rica es una medida necesaria para combatir el lavado de dinero en Costa Rica. Al fortalecer los controles y la transparencia en los procesos de adquisición de bienes inmuebles, se puede reducir significativamente el riesgo de que la usucapión sea utilizada con fines ilícitos. La implementación de estas medidas contribuirá a fortalecer el sistema financiero costarricense y a proteger la integridad del mercado inmobiliario.
José Francisco Chacón Acuña
Juez Agrario con más de 30 años de experiencia laboral en Costa Rica. Cuenta con un Posgrado Derecho Agrario y Ambiental por la Universidad de Costa Rica.
