Juan Pablo Demichelis
Introducción
El financiamiento del terrorismo (FT) se ha consolidado como una prioridad estratégica para las autoridades financieras y de seguridad en México y América Latina. Aunque tradicionalmente se percibía como un fenómeno distante y asociado principalmente a regiones como Medio Oriente, la evolución de los sistemas financieros, la digitalización de los servicios y la creciente interconexión global han acercado la problemática a nuestro entorno regional. Para 2026, los riesgos de FT se presentan con mayor complejidad y dispersión, lo que demanda acciones más focalizadas por parte de supervisores, instituciones financieras y entidades reguladas. Este artículo examina la evolución del FT en México y LATAM, los retos regulatorios emergentes y las respuestas operativas que requieren fortalecimiento.
El financiamiento del terrorismo opera bajo mecanismos cada vez más sofisticados que facilitan la ocultación, fragmentación y movilidad de recursos hacia actores terroristas o células descentralizadas. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las amenazas globales de FT continúan diversificándose tanto en actores como en medios utilizados (FATF, 2024). Esta tendencia incide directamente en México y América Latina, regiones que combinan marcos regulatorios en evolución con sistemas financieros que, aunque robustos, aún presentan brechas susceptibles de explotación.
Entre los factores de riesgo destacan la expansión del ecosistema digital, la informalidad económica y la capacidad de ciertos sectores para operar con estructuras opacas. Los flujos asociados al microfinanciamiento —caracterizados por transacciones pequeñas, rápidas y difíciles de rastrear— se han vuelto cada vez más relevantes, representando un desafío para los modelos tradicionales de monitoreo transaccional.
La respuesta regulatoria en México y LATAM
México ha reforzado su marco normativo en PLD/FT a través de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las disposiciones de la CNBV y los estándares internacionales del GAFI. A nivel regional, países latinoamericanos continúan impulsando reformas alineadas a las evaluaciones de GAFILAT, con el objetivo de mejorar sus capacidades de detección y mitigación de riesgos.
No obstante, persisten desafíos significativos. Entre ellos, la heterogeneidad de capacidades de supervisión, brechas tecnológicas entre entidades, falta de interoperabilidad entre bases de datos gubernamentales y diferencias en la calidad de los reportes regulatorios. Para 2026, la autoridad mexicana ha puesto mayor énfasis en la identificación del beneficiario final, el fortalecimiento de modelos basados en riesgo y el monitoreo de sectores no financieros con vulnerabilidades importantes.
Diversos sectores del mercado mexicano y latinoamericano muestran un aumento en su exposición a riesgos de FT debido a cambios en su estructura operativa o en su marco regulatorio:
- Organizaciones sin fines de lucro (OSFL): continúan siendo un sector de atención prioritaria por su susceptibilidad a ser utilizadas como canales para el desvío de recursos, conforme lo reconoce el GAFI (FATF, 2023).
- Fintech y activos virtuales: la expansión de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y la adopción acelerada de tecnologías de pago introducen entornos ágiles, pero con riesgos asociados a su trazabilidad limitada.
- Servicios profesionales no financieros: abogados, contadores y asesores corporativos pueden facilitar la creación de estructuras jurídicas complejas si no cuentan con controles adecuados.
Actividades vulnerables reguladas por la UIF mexicana: como la compraventa de metales y piedras preciosas, tarjetas prepagadas o la actividad inmobiliaria, donde el riesgo se intensifica ante controles heterogéneos y el uso potencial de esquemas de microfinanciamiento.
En 2026, las instituciones financieras mexicanas y latinoamericanas han avanzado en la adopción de tecnologías y metodologías más robustas para la detección de FT. Sin embargo, persisten retos significativos: la calidad de datos sigue siendo un obstáculo crítico, la parametrización de sistemas de monitoreo requiere madurez técnica aún en desarrollo, y los equipos de cumplimiento necesitan capacitación continua especializada específicamente en FT, más allá del enfoque tradicional en lavado de dinero.
El FT es, por naturaleza, transnacional. La región requiere una cooperación más estrecha para el intercambio de información financiera y operativa. Aunque organismos como GAFILAT han impulsado la armonización regulatoria, todavía existen brechas importantes en la coordinación entre países, la compatibilidad tecnológica y la capacidad de respuesta ante amenazas emergentes.
Fortalecer la colaboración interinstitucional, así como establecer estándares comunes para el análisis de tipologías, el tratamiento de beneficiarios finales y el intercambio seguro de datos, será determinante para mitigar los riesgos que afectan a la región.
Conclusión
El financiamiento del terrorismo en 2026 presenta un panorama más cercano y complejo para México y América Latina. La región ya no puede considerar esta amenaza como un fenómeno lejano o aislado. La diversificación de tipologías, la acelerada digitalización de los servicios financieros y la vulnerabilidad de ciertos sectores exigen respuestas más robustas, inteligentes y coordinadas.
Los sujetos obligados requieren fortalecer sus modelos basados en riesgo, invertir en herramientas tecnológicas de análisis avanzado, mejorar la calidad de sus datos y profesionalizar continuamente a los equipos de cumplimiento. Paralelamente, las autoridades deben continuar mejorando los marcos regulatorios, fortalecer la cooperación internacional y garantizar una supervisión más ágil y efectiva.
La evolución del FT obliga a una adaptación constante. Solo mediante una estrategia regional integrada, técnica y colaborativa será posible mitigar los riesgos que hoy se presentan con mayor cercanía y urgencia.
Juan Pablo Demichelis
Abogado graduado de la Universidad Católica de Argentina en el año 2003. Especialista en Derecho Fiscal Internacional. Se ha desempeñado como abogado corporativo en el área de Derecho Societario en el despacho Brons & Salas, Argentina.
