Por Pedro Ramírez Conde
En las últimas décadas, el narcotráfico ha sido catalogado como uno de los principales desafíos de seguridad para México y Estados Unidos. Sin embargo, la narrativa en torno a cómo enfrentarlo ha cambiado significativamente. Las recientes declaraciones de Donald Trump y su nuevo gabinete, sobre la posibilidad de designar a los cárteles de la droga mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO), marcan un punto de inflexión. Esta propuesta tiene implicaciones profundas en las relaciones bilaterales, el marco jurídico y las estrategias de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).
El propósito de este análisis es desglosar los argumentos, explorar las implicaciones prácticas y legales, y examinar los antecedentes de terrorismo en México para ofrecer un enfoque integral del tema.
El narcotráfico como amenaza transnacional
Evolución del concepto de narcotráfico
Históricamente, el narcotráfico ha sido tratado como una actividad criminal organizada, centrada en el lucro económico a través de actividades ilícitas como la producción, tráfico y venta de drogas. Sin embargo, la violencia extrema empleada por los cárteles, junto con su capacidad para infiltrarse en estructuras gubernamentales y su potencial para financiar otras actividades delictivas, ha llevado a algunos sectores políticos y académicos a considerar el término narcoterrorismo.
El concepto de narcoterrorismo no es nuevo. Se utilizó inicialmente en los años 80 para describir las actividades de grupos como el Cartel de Medellín, que emplearon tácticas terroristas para intimidar a gobiernos y consolidar su control territorial. En el caso de México, las acciones de los cárteles han mostrado similitudes con el terrorismo en su uso sistemático de la violencia para alcanzar objetivos políticos y económicos.
La propuesta de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas implica una transformación radical en la política exterior de Estados Unidos hacia México. Bajo la legislación estadounidense, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) otorga al Departamento de Estado la autoridad para designar como FTO a grupos extranjeros involucrados en actividades terroristas que amenacen la seguridad nacional o los intereses de Estados Unidos.
En el caso de los cárteles mexicanos, esta designación se justificaría bajo los siguientes argumentos:
- Uso del terror como herramienta estratégica: El empleo de la violencia extrema, como decapitaciones, atentados y masacres, para controlar territorios e intimidar a poblaciones.
- Transnacionalidad de sus operaciones: Los cárteles operan en múltiples países, facilitando el tráfico de drogas, armas y personas.
- Impacto en la seguridad de Estados Unidos: La crisis de opioides, alimentada por el tráfico de fentanilo desde México, ha sido utilizada como argumento central para justificar medidas más agresivas.
La designación como FTO permitiría al gobierno estadounidense:
- Congelar activos en jurisdicciones internacionales.
- Perseguir penalmente a quienes brinden apoyo financiero, logístico o material.
- Justificar operativos militares transfronterizos bajo el marco de la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, estas acciones podrían tensar las relaciones bilaterales y generar un rechazo significativo dentro de México.
Terrorismo en México: antecedentes relevantes
Aunque México no ha sido identificado como un centro de terrorismo internacional, el país ha enfrentado episodios violentos que, por sus características, podrían clasificarse como terrorismo o narcoterrorismo. Estos eventos reflejan las amenazas que enfrenta el país desde el crimen organizado y otros actores no estatales.
El primero de hechos (y creo que uno de los más relevantes) es el denominado “Culiacanazo”. El 17 de octubre de 2019, Culiacán, Sinaloa, se convirtió en el epicentro de una de las operaciones más impactantes de los últimos años. El intento del gobierno mexicano de capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, derivó en una violenta reacción del Cártel de Sinaloa.
Las características del “Culiacanazo” fueron:
- Terror generalizado: Miembros del cártel bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y atacaron instalaciones estratégicas.
- Tácticas militares: Se utilizaron armas de alto poder y tácticas de insurgencia para enfrentarse a las fuerzas armadas.
- Objetivo político: La liberación de Ovidio Guzmán fue conseguida mediante una demostración de fuerza que intimidó al Estado y evidenció la capacidad del cártel para desafiar la autoridad.
Otro caso muy recordado, es el del Atento en el Casino Royale. El ataque al Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, marcó uno de los episodios más violentos y trágicos en la historia reciente de México. Miembros de Los Zetas incendiaron el casino, dejando 52 muertos y decenas de heridos.
En este sentido, las características fueron:
- Motivación económica y represiva: El ataque fue en represalia por la negativa de los propietarios a pagar extorsiones.
- Impacto en civiles: La mayoría de las víctimas eran clientes y empleados del casino, lo que mostró un desprecio total por la vida humana.
- Desafío al Estado: Este acto de terror fue un mensaje claro de control territorial y poder económico por parte de Los Zetas.
Otro de estos episodios paso en 2007 con el ataque a los oleoductos de PEMEX. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo armado de izquierda perpetró una serie de explosiones en instalaciones de PEMEX en Guanajuato y Querétaro. Los ataques fueron atribuidos a la lucha política y social del grupo contra el gobierno.
En este evento hubo el uso de explosivos para atacar los oleoductos, también hubo motivaciones políticas ya que el EPR emitió comunicados donde denunciaba al gobierno mexicano y evidentemente hubo un impacto económico ya que el ataque dejo pérdidas económicas a PEMEX.
No se puede olvidar el ataque con granadas en Morelia en 2008. Durante las celebraciones del Grito de Independencia, miembros del crimen organizado lanzaron granadas contra una multitud en Morelia, Michoacán. El ataque dejó ocho muertos y más de 100 heridos.
Como estos casos, podría mencionar por lo menos un par más, sin embargo, estos son de los más relevantes.
En este caso, Si los cárteles fueran designados como FTO, México enfrentaría una serie de desafíos legales y regulatorios:
- Impacto en la cooperación internacional:
- México tendría que reforzar su colaboración con agencias como el Departamento del Tesoro de EE. UU., incrementando la vigilancia sobre transacciones financieras relacionadas con cárteles.
- La presión internacional sobre el sistema financiero mexicano aumentaría, exigiendo un cumplimiento más riguroso de los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
- Cambios en el marco de PLD/FT:
- Las instituciones financieras mexicanas tendrán que implementar controles más estrictos para identificar operaciones relacionadas con actividades terroristas.
- El concepto de beneficiario final cobraría mayor relevancia, dado que los cárteles suelen utilizar esquemas complejos de empresas fachada para lavar dinero.
- Riesgo reputacional:
- La designación como FTO podría afectar la percepción internacional de México como un país seguro para inversiones, aumentando los costos de cumplimiento para empresas e instituciones financieras.
La propuesta de designar a los cárteles como organizaciones terroristas es un reflejo de la creciente complejidad del crimen transnacional. Si bien podría fortalecer las herramientas legales para combatir el narcotráfico, también plantea riesgos significativos para la soberanía de México y para la estabilidad de las relaciones bilaterales.
Desde una perspectiva de cumplimiento, esta medida obligaría a los sectores financiero, empresarial y gubernamental a redoblar esfuerzos en materia de prevención de riesgos. Sin embargo, la eficacia de esta designación dependerá de una implementación equilibrada y de un diálogo constante entre ambos países para evitar tensiones innecesarias.
En un entorno global donde las líneas entre crimen organizado y terrorismo son cada vez más difusas, México y Estados Unidos deben encontrar soluciones conjuntas que respeten los principios de soberanía y cooperación internacional.
Pedro Ramírez Conde
Profesional altamente calificado y experimentado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamento al Terrorismo.
