Por Juan Pablo Demichelis
El lavado de dinero representa una amenaza significativa para la estabilidad financiera y la seguridad nacional de México. En respuesta a este desafío, el gobierno ha implementado diversas reformas orientadas a fortalecer la prevención, detección y sanción de actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales. La reforma más reciente, presentada el 31 de octubre de 2024 por el Senador Javier Corral, busca cerrar brechas regulatorias y mejorar la cooperación entre el sector de las actividades y profesiones no financieras designadas (actividades vulnerables) y las autoridades. Sin embargo, su implementación enfrenta retos importantes, desde la adaptación de los sectores regulados hasta la capacidad institucional para supervisar y hacer cumplir las nuevas disposiciones.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera en noviembre de 2023, al 30 de junio de 2022 se tenían registrados un total de 107,642 sujetos que realizan o desempeñan actividades vulnerables divididos en 20 sectores, tres de ellos concentran el 60 % de los sujetos obligados: derechos personales de uso o goce de inmuebles; transmisión de derechos sobre bienes inmuebles; y mutuo, préstamo o créditos.
Este artículo analiza los principales desafíos de la reforma antilavado en México, considerando su impacto en los sujetos obligados y los organismos reguladores y supervisores. Además, se examinan estrategias para superar estas dificultades y garantizar una implementación efectiva que contribuya a un sistema financiero más transparente y seguro.
Principales cambios de la reforma antilavado
La iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) introduce disposiciones más rigurosas para mitigar los riesgos de que las actividades vulnerables sean utilizadas para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Entre los principales cambios destacan:
- Mayor supervisión y coordinación interinstitucional: Se busca mejorar la colaboración entre las autoridades reguladoras, supervisoras y de combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento del terrorismo.
- Aumento de sanciones y medidas de cumplimiento: Se establecen multas más severas y mecanismos de vigilancia más estrictos para garantizar la aplicación de la ley.
Si bien estos cambios refuerzan la lucha contra el lavado de dinero, su implementación enfrenta diversos retos que deben abordarse para garantizar su efectividad.
Principales Retos
2. Retos en la implementación de la reforma
2.1. Adaptación de los sectores regulados
Uno de los principales desafíos es la capacidad de las empresas y entidades financieras para cumplir con los nuevos requerimientos. La reforma exige mayores controles en la identificación de clientes y el monitoreo de operaciones, lo que implica inversiones importantes en infraestructura tecnológica, capacitación, recursos humanos (estructuras internas), proveedores de listas, asesoría para llevar a cabo evaluaciones con un enfoque basado en Riesgos o tercerizar las mismas y auditorías en la materia.
Las personas físicas y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tendrán dificultades para ajustarse a estas obligaciones debido a la falta de infraestructura y experiencia en materia de cumplimiento normativo. Esto podría generar riesgos de incumplimiento involuntario y sanciones que afecten su operación.
2.2. Capacidad institucional y supervisión
El éxito de la reforma depende también de la capacidad de las autoridades para regular, supervisar y hacer cumplir las nuevas disposiciones. Las autoridades requieren mayores recursos y herramientas tecnológicas para analizar grandes volúmenes de datos y detectar operaciones sospechosas de manera eficiente.
Además, es fundamental fortalecer la coordinación entre entidades gubernamentales para evitar duplicidades y garantizar una supervisión efectiva en todos los sectores involucrados. La corrupción y la falta de transparencia en algunos organismos también representan un obstáculo para la correcta aplicación de la ley.
2.3. Riesgos de sobrerregulación y obstáculos para la inversión
Si bien es necesario reforzar las medidas antilavado, una regulación excesiva puede generar efectos adversos en la inversión y el desarrollo económico. Requisitos demasiado estrictos pueden desincentivar la entrada de nuevos actores al mercado, especialmente en sectores emergentes.
Es crucial encontrar un equilibrio entre el fortalecimiento de la prevención del lavado de dinero y la promoción de un entorno empresarial competitivo. Para ello, se deben diseñar mecanismos de cumplimiento proporcionados y adaptados a las características de cada sector.
3. Estrategias para superar los desafíos
Para garantizar el éxito de la reforma antilavado, es necesario adoptar un enfoque integral que incluya:
- Mayor capacitación y asesoramiento: Las empresas y sectores regulados deben recibir orientación clara sobre sus obligaciones para facilitar su cumplimiento y reducir el riesgo de sanciones. Será necesaria la implementación de mesas de trabajo que involucren la participación de las autoridades y de los sujetos obligados.
- Uso de tecnología e inteligencia artificial: La automatización de procesos y el análisis de datos pueden mejorar la detección de operaciones sospechosas y optimizar la supervisión por parte de las autoridades.
- Cooperación internacional: México debe fortalecer su colaboración con organismos internacionales para intercambiar información y mejorar la efectividad de las medidas antilavado.
Conclusión
La reforma antilavado en México representa un paso importante en la lucha contra el crimen financiero y la protección del sistema económico del país. Sin embargo, su implementación enfrenta retos significativos, desde la adaptación de los sectores regulados hasta la capacidad de supervisión de las autoridades.
Para superar estos desafíos, es fundamental equilibrar la regulación con la promoción de la inversión, fortalecer la cooperación interinstitucional y aprovechar la tecnología para mejorar la detección de riesgos. Solo con un enfoque estratégico y coordinado se podrá garantizar un sistema financiero más seguro, transparente y resiliente ante el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
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Juan Pablo Demichelis
Abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, con especialización en Derecho Fiscal Internacional. Obtuvo un LL.M en International Bussines Law en la Universidad Exeter.
