Por Diego Suxo
Ha pasado poco más de un mes desde el cambio de Gobierno y Bolivia enfrenta un reto tan urgente como complejo: salir de la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde fue incluida el 13 de junio de 2025, tras constatarse deficiencias estratégicas en su régimen para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Estar en esa categoría implica mayor supervisión, reportes periódicos y un impacto real en la reputación financiera del país y su acceso a crédito e inversión.
En un artículo anterior, hacía referencia a las causales que han llevado a colocar en la lista gris a Bolivia, siendo un tema no menor el no contar con una normativa específica a rango de Ley que combata el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Si bien los sujetos obligados cuentan con regulación por tipo de actividad, así como los entes reguladores tienen la tuición y el alcance normativo para regular, monitorear y sancionar estos delitos, no existe una Ley que comprometa al país como conjunto en esta importante lucha, ese fue el argumento del Gobierno anterior y ese gran pendiente, ahora es trabajo de la nueva administración pública.
Este no es un problema aislado ni meramente técnico. Atraviesa la credibilidad institucional, la gobernabilidad y la estabilidad macroeconómica. El GAFI, en sus comunicados, ha subrayado que, pese a avances, Bolivia debe garantizar el uso de técnicas especiales de investigación, supervisar con enfoque basado en riesgos a agentes inmobiliarios, abogados y contadores, y construir un sistema sancionatorio efectivo para información de beneficiarios finales.
Un nuevo ciclo político con una prueba técnica inmediata
El balotaje histórico del 19 de octubre de 2025 consagró a Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente, con asunción el 8 de noviembre. Es un cambio de ciclo que abre expectativas, pero también fija un plazo muy corto para demostrar eficacia regulatoria y técnica. No basta con prometer: hay que ejecutar y medir.
En esa línea, el 4 de diciembre se posesionó al nuevo director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Carlos Gonzalo Jáuregui Cisneros, con el encargo expreso de — recuperar el carácter técnico — de la entidad y liderar la salida del país de la lista gris. El ministro de Economía subrayó que la UIF debe alejarse de usos políticos y centrarse en inteligencia financiera eficaz.
Sin entrar a mucho detalle político, en la época proselitista, el nuevo Gobierno ha mantenido un discurso distinto y contrario al oficialismo de ese entonces; no era difícil cuestionar a aquellos gobernantes pues los resultados económicos han sido paupérrimos, así que cualquier otro candidato que estuviese en contra de ellos, tenía el apoyo de una gran parte de la población, lo que ha llevado a un balotaje donde ambos contrincantes eran parte de la oposición, así que la apuesta era positiva: mejor tener a cualquier opositor, antes de mantener un Estado hundido en el populismo que no llevó a nada, colocando a Bolivia en un sitial más pobre, más escaso de recursos energéticos y más limitado al acceso de mercados financieros internacionales.
Blindar la independencia de la UIF no es un lujo institucional; es el corazón de la credibilidad en materia PLD. Sin inteligencia estratégica y operativa de calidad —y sin derivaciones que terminen en investigaciones, acusaciones y sentencias— una gran ley se queda en el papel. Tomará mucho tiempo cambiar la percepción institucional de entes de control, específicamente de la UIF que se mantenía al margen del orden político, pues se entiende como una institución técnica-legal imparcial y ajeno al Gobierno de turno; sin embargo, las máximas autoridades han conservado cierta relación que ponía en duda la transparencia que debía primar. Hace poco, se nombró un nuevo director de dicha entidad, que tiene un recorrido más empresarial que público, es muy pronto para arribar a aciertos o dudas, pero dicho cambio, por ahora, ayudará a cambiar la percepción, al menos para varias personas e instituciones.
La economía: subsidios, reservas y el tipo de cambio paralelo
El reto PLD convive con la peor coyuntura macro en décadas. El Artículo IV del FMI 2025 fue claro: el mix de políticas es insostenible, el déficit fiscal supera el 10% del PIB y las reservas internacionales utilizables están cerca de cero. La brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial alcanzó más del 80%, síntoma de escasez de divisas y expectativas deterioradas. Esa fragilidad se traduce en interrupciones de importaciones críticas, colas para combustibles y una inflación que golpeó principalmente a 2024 y a 2025.
La reconstrucción de reservas y la normalización de divisas no son solo variables de bienestar; son condiciones necesarias para que bancos corresponsales y actores financieros otorguen confianza. El sistema PLD necesita oxígeno macro: sin él, la capacidad de prevención y control se reduce drásticamente.
Señales iniciales: cuatro impuestos y presupuesto
Como cualquier país latinoamericano, una nueva Ley de tal envergadura que trate el LD, FT y FPADM no es fácil de socializar, sobre todo cuando la informalidad tiene una participación económica mayoritaria, cuando no existe una cultura de compliance o cuando no exista confianza en los sistemas de control y regulación. En el caso de Bolivia, todo ello se ha sumado para no viabilizar dicha Ley. Hacerlo de inmediato no asegura un resultado distinto, se debe trabajar mucho en distintos frentes, pero cambiar la cultura económica, es sin duda, la más compleja y de largo plazo.
El nuevo Gobierno, en su propuesta proselitista, anunciaba la reducción impositiva, mayor protagonismo del sector productivo y coparticipación público-privado equilibrado; uno de los objetivos de todo ello es precisamente formalizar, en gran medida, las actividades económicas. El reto es minimizar el gran porcentaje informal y el cebo: la reducción impositiva. No es tarea sencilla, pero ya se abrogaron cuatro impuestos, además de otras medidas económicas de impacto menor, pero que poco a poco la propuesta se está volviendo tangible, claro que existen muchos detractores que esperan que, dentro de este mes de trabajo, se cumpla con toda la agenda del quinquenio venidero.
El nuevo Gobierno anunció la eliminación de cuatro impuestos —Grandes Fortunas (IGF), Transferencias Financieras (ITF), Juego y Promociones Empresariales— y una revisión del Presupuesto 2026 con la meta de reducir el gasto fiscal en 30%. La tesis oficial: esos tributos aportan menos del 1% de la recaudación y desincentivan inversión, por lo que su derogación enviaría una señal proempresa. Sin embargo, al 4 de diciembre la Asamblea Legislativa informó que aún no recibía los proyectos de ley para concretar la medida. Convertir anuncios en normas y cifras verificables es clave para que el mercado y la comunidad financiera tomen nota.
Informalidad: el elefante en la sala
La informalidad laboral y empresarial bordea entre 80% y 84% de la fuerza laboral, según reportes recientes de prensa basados en OIT/OCDE. Esa magnitud erosiona la base tributaria, dificulta la trazabilidad de flujos y alimenta el contrabando. La informalidad no es un problema accesorio al PLD: es su mayor obstáculo sistémico.
No habrá salida sostenible de la lista gris sin formalización. Reducir costos de formalidad, simplificar trámites, dar certidumbre jurídica y mejorar la justicia comercial son políticas PLD, aunque suenen a agenda productiva.
¿Se puede salir de la lista gris en 12–18 meses?
Sí, si se pasa del cumplimiento técnico a la efectividad. El GAFI reconoció avances en comprensión de riesgos e inteligencia financiera, pero exige incrementar investigaciones y procesos, y asegurar información precisa de beneficiarios finales con sanciones reales. El país tiene capacidad técnica; lo que falta es un acuerdo político básico para aprobar la ley integral, blindar la UIF y ejecutar un plan fiscal-cambiario que devuelva certidumbre.
No hay que engañarse: esto no es una carrera de velocidad, es una maratón con obstáculos. La tentación de concentrarlo todo en ‘pasar la evaluación’ es grande, pero reducir la agenda a un checklist nos vuelve a lo mismo de siempre: cumplir la letra y fallar en la práctica. La única salida es construir efectividad: casos bien investigados, decomisos significativos, sanciones proporcionales, estadísticas públicas confiables y cooperación real entre UIF, Fiscalía, Policía y reguladores.
Conclusiones
La crisis actual, por dura que sea, abre una oportunidad que Bolivia no debería desaprovechar: modernizar su régimen PLD para alinearlo con estándares internacionales con su contexto y realidad productiva. Avanzar en formalización no es pedir a millones que se vuelvan ‘empresa’ de la noche a la mañana, por el contrario, diseñar escalones de entrada, costos razonables y beneficios tangibles por cumplir. En paralelo, se necesitan señales de seriedad: reconstruir reservas, normalizar la oferta de combustibles, reducir el déficit de manera sostenida y despolitizar la inteligencia financiera.
Si se logra esto, el país saldrá de la lista gris. Pero más importante aún: habrá ganado algo más valioso que un ‘estatus’ en un informe; habrá recuperado la confianza —internacional y local— que es la base de cualquier proyecto de desarrollo.
Diego Suxo
Contador Público en Bolivia
